La decisión se da después de la revelación de las auditorías que mostraron que personas que vivían en el exterior, fallecidos y que trabajaban en municipios habían sido adjudicatarios del beneficio pagado por el Estado. El desvió de fondos públicos seria de unos 2.000 millones de dólares anuales
El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Antonio Russo, la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.
Como publicó Infobae, la decisión, anticipada de manera exclusiva a este medio por el abogado Spagnuolo, se tomó después de conocerse los primeros resultados de una auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, que detectaron “inconsistencias alarmantes”. Por ejemplo, el 57% de este tipo de pensiones otorgadas en CABA por el gobierno anterior son “truchas”. En la ciudad balnearia, ese porcentaje subió al 80%.
Según el director de la ANDIS, la auditoría llevada adelante por su área, y que fue ordenada por Javier Milei, revela un “escandaloso negocio con la discapacidad” que “representaría un desvío de fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”. “Hay beneficiarios fallecidos, que viven en el exterior, como en Grecia, o vinculados a movimientos sociales como el Evita”.
Desde la Casa Rosada explicaron a este medio que: “Se hace referencia a decretos anteriores que habían ampliado los criterios de acceso a la pensión modificando discrecionalmente el espíritu de la ley. Estas modificaciones, con fines de utilizarlo como clientelismo político, resultaron en desvío de fondos del Estado vulnerando los derechos de las personas destinadas a esta ayuda” y argumentaron que “la nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”.
“Sistema muy susceptible al fraude”
Una primera auditoría y análisis de documentación determinó que: “El Gobierno Nacional se encontró con un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, imposible de auditar y muy susceptible al fraude”. También que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, un hecho que se contraponía con acciones políticas en plena campaña electoral, cuando se otorgaba el beneficio en menos de tres meses a personas que no tenían discapacidad, no eran vulnerables y hasta eran empleados municipales en distritos gobernados por el anterior oficialismo.
“Las pensiones durante el kirchnerismo estuvieron al servicio de la política ya que se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos, principalmente con intendentes y gobernadores. Durante este tiempo han recibido pensiones personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad. Muchos de ellos, incluso, trabajaban”, anunció el gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni.
De hecho, en su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada, Adorni mostró que un médico había firmado, como argumento para la obtención del beneficio, una presunta lesión de un paciente, introduciendo en el legajo la radiografía de un perro. Una demostración de la falta de control que operaba. Varios médicos y directores de hospitales están procesados por firmar certificados apócrifos.
Los nuevos requisitos
El nuevo decreto establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
- No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
- Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
- Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.
“En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.